El Parlamento ha aprobado la Ley Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, en virtud de la cual el conocimiento será considerado como un bien público al servicio de la sociedad. Como consecuencia, la norma introduce novedades a la hora de tramitar los títulos de propiedad industrial e intelectual obtenidos por el desarrollo de actividades de I+D+i.

Así, a partir de ahora, además de en los pertinentes registros nacional y europeo, los investigadores o empresas deberán inscribir sus patentes en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma, como una propiedad de patrimonio cualquiera. Con esta medida se consigue que el nuevo invento o avance científico no sólo pertenezca a su autor, sino que también se convierta en un activo de los recursos con los que cuenta la Comunidad.

Con esta medida, se alcanzará la máxima rentabilidad social en el uso de los recursos de ciencia y tecnología, se facilitará la transferencia de resultados a la sociedad y se promoverá la máxima conexión con las empresas y el sistema productivo en general.

En la misma línea, la norma establece medidas de sensibilización y divulgación para que la Ciencia llegue a la sociedad mediante cauces de comunicación y redes de instituciones científicas, educativas, culturales y sociales; al tiempo que recoge la creación de instrumentos que fomenten la participación y la confianza de los ciudadanos en la ciencia y la investigación.

Agencia Andaluza del Conocimiento

Otra de las grandes novedades que se ejecutará en el marco de la Ley es la creación de la Agencia Andaluza del Conocimiento, un elemento instrumental que supondrá un cambio sustancial en la organización y gestión de la I+D+i de la Comunidad.

Esta Agencia se convertirá en el catalizador de todas las iniciativas de investigación en Andalucía, y tendrá como objetivo actuar de forma integral, aportando flexibilidad, capacidad de evaluación, transparencia y agilidad al funcionamiento del sistema andaluz de conocimiento. Para ello, integrará y ejecutará todas las políticas de I+D+i del Gobierno andaluz, canalizará los recursos destinados a I+D+i y las órdenes de incentivos a la investigación, y gestionará la concurrencia de los proyectos andaluces a las convocatorias de investigación nacionales e internacionales.

Igualmente, en la ley se reconocen las políticas transversales que plantea el Plan de Innovación y Desarrollo de Andalucía (PIMA), aprobado al inicio de esta legislatura por el conjunto del gobierno, y se establece su estrecha conexión con el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI), que ha supuesto la primera vez en Europa que una región se dota de una planificación integral que engloba la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.

De la misma forma, otra de las políticas con un claro reflejo y respaldo en este proyecto de Ley Andaluza para la Ciencia y el Conocimiento es el nuevo Sistema de Financiación Universitaria de Andalucía, que se ha convertido en referente para otras comunidades autónomas y cuya aplicación se verá reforzada también con la aprobación de este proyecto.